¿Quién verifica al verificador?

El movimiento del fact-checking institucional no surgió espontáneamente del periodismo ciudadano ni de la indignación cívica. Fue una respuesta a una crisis de credibilidad de los medios tradicionales, amplificada por la irrupción de las redes sociales, y canalizó rápidamente hacia una forma de organización que tiene mucho de industrial.

En España, los dos actores principales son Maldita.es y Newtral. Ambas están acreditadas ante la International Fact-Checking Network (IFCN), el organismo estadounidense que certifica la ortodoxia verificadora a nivel internacional, y ambas operan como verificadoras externas para Facebook, lo que les otorga la capacidad de etiquetar contenidos en esa plataforma —que cuenta con millones de usuarios en España— como «información falsa». Esta facultad no es menor: una noticia etiquetada como falsa por estos organismos ve reducida su distribución en la red social en torno a un ochenta por ciento, según datos de la propia plataforma.

Newtral, la mayor de estas agencias, nació vinculada al programa El Objetivo de La Sexta y está encabezada por su presentadora, Ana Pastor. A día de hoy emplea a alrededor de sesenta personas y en 2018 facturó 3,8 millones de euros, con un beneficio declarado de 868.857 euros. Maldita.es, por su parte, se constituyó como fundación sin ánimo de lucro y declara financiarse principalmente a través de socios y crowdfunding. Sin embargo, una mirada a sus cuentas revela que algo más de un veintitrés por ciento de sus fondos proceden del apartado de Concursos Públicos y Subvenciones: es decir, de dinero público.

La dimensión europea de este ecosistema es aún más reveladora. La Comisión Europea financia directamente el EDMO —European Digital Media Observatory, Observatorio Europeo de Medios Digitales—, del que forma parte una red de verificadores entre los que se encuentran los españoles. Newtral ha recibido 50.000 euros del programa Horizon de la UE. Y España cuenta además con el consorcio Iberifier, también con respaldo europeo, en el que participan EFE Verifica, Maldita.es, Newtral y Verificat, entre otros.

A esto hay que añadir el caso de EFE Verifica, el servicio de verificación de la Agencia EFE, que es una empresa pública. Es decir: el propio Estado, a través de su agencia de noticias oficial, tiene su propio equipo de verificación. La paradoja no parece incomodar a nadie en particular: el mismo poder que puede ser objeto de verificación es también, en este caso, quien la realiza.

El código de la IFCN, el árbitro internacional de la verificación, exige entre sus principios que sus miembros «no pueden tener su trabajo controlado por un Estado o por un partido político». Este es el estándar teórico. En la práctica, como se ha descrito, la línea entre financiación pública y dependencia institucional es lo suficientemente porosa como para justificar una pregunta elemental que, sin embargo, nadie formula con la insistencia que merece: ¿quién verifica al verificador?

Un conflicto de interés no requiere mala fe. No necesita que nadie tome el teléfono y le diga al verificador lo que tiene que verificar, ni en qué dirección. Los conflictos de interés más eficaces son los que operan de forma difusa, a través de incentivos implícitos, dependencias financieras y selecciones editoriales que se perciben como neutrales porque nadie ha violado ninguna regla escrita.

El mecanismo es sencillo. Un organismo que recibe una parte significativa de su financiación de fondos públicos, europeos o nacionales, tiene un incentivo estructural para no contrariar en exceso a las instituciones que le financian. No es necesario que nadie lo diga explícitamente: la dependencia financiera genera por sí sola una presión hacia la acomodación que es tan real como imperceptible. El verificador puede actuar con toda la buena fe del mundo y, sin embargo, ser víctima de este sesgo sistémico sin saberlo.

Pero hay una segunda dimensión del conflicto de interés que es incluso más difícil de detectar: la selección de lo que se verifica. Un verificador no contrasta todo lo que se dice en el espacio público. Elige qué verificar según criterios que nunca son del todo neutros: la viralidad de la información, su supuesta peligrosidad, su relevancia política. Maldita.es, por ejemplo, declara en su metodología que selecciona las declaraciones a verificar «a través de un sistema de ponderación que se basa en la propia viralización de la afirmación o en la posible repercusión política o social».

Esta discrecionalidad en la selección es, precisamente, donde el sesgo puede instalarse sin dejar huella visible. Un verificador que sistemáticamente elige verificar más las declaraciones de la oposición que las del gobierno no está mintiendo en ninguna de sus verificaciones individuales. Está construyendo, a través de la acumulación de elecciones editoriales, un mapa sesgado de la realidad que tiene el aspecto de la objetividad sin serlo.

La investigación académica ha comenzado a cartografiar este territorio. Un estudio publicado en la Revista de Comunicación y firmado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense de Madrid analizó las prácticas de verificación de Newtral entre octubre de 2018 y octubre de 2022, durante cuatro años de actividad. El estudio, pionero en el contexto español, constató «una mayor atención al discurso de los políticos del Partido Popular, que reciben mayor número de verificados, lo que podría implicar un cierto sesgo de selección».

El mismo análisis añadía un dato que desmonta uno de los axiomas implícitos del ecosistema verificador: si se siguen los propios criterios de los fact-checkers y se atiende a quiénes son el objeto de los bulos en redes sociales, resulta que «un análisis de bulos sobre política española entre enero y marzo de 2022 demuestra la preponderancia de las formaciones de izquierdas como objeto de los bulos». Es decir, los bulos atacan más a la izquierda que a la derecha, pero los verificadores dedican más atención a las declaraciones de la derecha. La asimetría merece, como mínimo, una explicación.

Durante la campaña electoral del 28 de abril de 2019, esta asimetría tomó una forma aún más concreta. De los seis tuits con mayor impacto publicados por Maldito Bulo durante los debates electorales, cinco se correspondían a desmentidos de afirmaciones de Pablo Casado y uno solo desmentía a Pedro Sánchez. Podría argumentarse que Casado mintió más. También podría argumentarse que la selección reflejó un criterio editorial que, consciente o inconscientemente, priorizó unas declaraciones sobre otras. En cualquier caso, el resultado objetivo fue una intervención asimétrica en el espacio de deliberación democrática durante un momento electoral.

La cuestión de la infalibilidad es central para entender el problema. El fact-checker que opera como árbitro de la verdad en las redes sociales —con capacidad para reducir la distribución de un contenido en un ochenta por ciento— no puede permitirse el lujo de equivocarse sin que eso tenga consecuencias para su legitimidad. Sin embargo, se equivoca. Y cuando lo hace, la corrección raramente alcanza la difusión que tuvo la acusación inicial.

El caso de Vozpópuli es instructivo. En abril de 2020, este medio publicó una noticia sobre las organizaciones que determinan qué es un bulo en WhatsApp España. El titular era inexacto: las organizaciones citadas operaban principalmente para Facebook, no para WhatsApp directamente. El medio corrigió el titular por iniciativa propia antes de que nadie se lo pidiera. Sin embargo, Maldita procedió a calificar la noticia como «información falsa» en Facebook dos horas después de que el titular hubiera sido corregido, y sin contactar previamente con el medio para aclarar lo sucedido. La consecuencia práctica fue que cualquier usuario de Facebook que intentara acceder al artículo encontraba una alerta de «información falsa» sobre un texto que, en ese momento, ya era factualmente preciso.

Lo más revelador del episodio no fue el error. Fue la mecánica de corrección. Cuando Vozpópuli contactó con Facebook para obtener explicaciones, la plataforma respondió que «no puede solicitar a su proveedor que adopte una decisión distinta a la que han decidido sus miembros». El verificador, en otras palabras, era inapelable. Y Maldita, según documentó el propio medio afectado, no corrigió su calificación hasta que Vozpópuli aceptó añadir un texto aclaratorio al final de su artículo. El verificador exigía una rectificación al verificado como condición para levantar su etiqueta.

Un caso de mayor gravedad potencial involucra el tratamiento de la información sobre las vacunas contra la Covid-19. La asociación de abogados Liberum presentó en 2023 una demanda contra Newtral y Maldita.es alegando un delito contra el derecho a la información. La demanda argüía que ambas verificadoras «tildaron de bulo cualquier información que alertara sobre los riesgos conocidos y desconocidos de una vacuna con una autorización condicional emitida en apenas unos meses». En el caso concreto de Maldita, la asociación señalaba que la verificadora «basó su verificación en la reproducción literal del argumentario de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios» —un organismo dependiente del Gobierno—, sin efectuar investigación propia sobre preguntas científicamente legítimas, como por qué distintos lotes de vacunas presentaban perfiles radicalmente distintos de efectos adversos.

La demanda tiene un valor probatorio limitado en sí misma: el hecho de que alguien demande a un verificador no prueba que el verificador esté equivocado. Pero el caso ilustra una dinámica estructural que trasciende el litigio concreto: cuando un verificador financia parte de sus actividades con fondos de instituciones públicas y basa sus verificaciones en la reproducción de argumentarios de agencias gubernamentales, el mecanismo de control se convierte en una tautología. El Estado verifica al Estado.

Quizá el aspecto más inquietante del ecosistema verificador no sea lo que hace, sino lo que está en condiciones de hacer en la medida en que su poder se consolide. Hay un deslizamiento semántico en curso que merece atención.

El concepto de «desinformación» nació con un significado relativamente acotado: información deliberadamente falsa difundida con intención de engañar. En sus aplicaciones más robustas —la detección de campañas de bots coordinados, la identificación de manipulaciones fotográficas, la verificación de datos estadísticos— el fact-checking cumple una función periodística legítima y distinguible de la propaganda.

El problema surge cuando el concepto se expande. Cuando «desinformación» comienza a abarcar no solo hechos verificablemente falsos, sino interpretaciones discutibles, narrativas alternativas, o simplemente información incómoda para el poder. Este deslizamiento no es hipotético: está documentado en la evolución del debate europeo sobre regulación de medios.

La Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA), en vigor desde 2024, otorga protección reforzada a aquellos medios que cumplan determinados estándares editoriales, lo que implica que alguien tiene que determinar qué medios cumplen esos estándares y cuáles no. Esta arquitectura regulatoria proporcionó el contexto en el que el presidente del Gobierno español pudo declarar, sin aparente incomodidad, que «hay que acabar con la impunidad de los pseudomedios pagados por PP y Vox». La taxonomía de «pseudomedios» —medios que no merecen la protección que sí merecen los medios «legítimos»— es exactamente el tipo de categoría que el ecosistema verificador, si se consolida en su posición privilegiada, está en condiciones de poblar con nombres concretos.

No se sostiene que esto haya ocurrido ya en su forma más extrema. Se sostiene que la arquitectura institucional que se está construyendo lo hace posible de una manera que la arquitectura anterior no permitía. Y que la historia enseña a desconfiar de los sistemas en los que el poder concentra en sus manos o en sus organismos satélite la facultad de definir qué es verdad.

La defensa más frecuente del fact-checking institucional es que la alternativa es peor: sin verificadores, los bulos circulan sin control y dañan a ciudadanos vulnerables, corroen la deliberación democrática, y pueden tener consecuencias reales sobre decisiones colectivas de enorme importancia, desde elecciones hasta crisis sanitarias. Es un argumento serio que merece una respuesta seria, no un descarte.

La respuesta no es que los bulos sean inocuos. Es que la comparación relevante no es entre fact-checkers y ausencia de fact-checkers, sino entre fact-checkers financiados institucionalmente y con poder de etiquetado algorítmico, por un lado, y los mecanismos alternativos de control de la desinformación que no concentran ese poder, por otro. Un periodismo robusto, diverso y economicamente sostenible es mejor antídoto contra los bulos que un oligopolio de verificadores con lazos financieros con el poder que teóricamente controlan.

Tampoco funciona el argumento por analogía nazi. La comparación con la maquinaria propagandística de Goebbels es tentadora pero contraproducente: no porque sea completamente absurda en sus premisas más generales —la propaganda de Estado tiene una historia larga y oscura— sino porque llega demasiado pronto, antes de que el lector haya podido construir el andamiaje que la justifique. Una analogía histórica de esa magnitud solo convence a los ya convencidos y aleja a todos los demás.

El argumento que sí funciona es más modesto en su formulación y más sólido en su arquitectura: el fact-checking institucional financiado con fondos públicos padece un conflicto de interés estructural que ningún código deontológico puede resolver por sí solo, porque el conflicto no reside en la voluntad de los individuos sino en la lógica del sistema que los financia. Este argumento no requiere demostrar mala fe. Solo requiere observar cómo funcionan los incentivos.

En el edificio conceptual de Platón, la noble mentira tenía una justificación filosófica coherente: los gobernantes mentían por el bien de la ciudad porque eran los más sabios y los más virtuosos, y su sabiduría era la garantía de que la mentira serviría realmente al bien común. Era un sistema autoritario, pero era honesto consigo mismo.

El sistema contemporáneo del fact-checking institucional no puede reclamar esa honestidad. No reconoce abiertamente que ejerce un poder sobre la circulación de información; se presenta como un servicio de utilidad pública. No reconoce su dependencia financiera de las instituciones que verifica; la oculta en el lenguaje de la transparencia y los códigos deontológicos. Y no se pregunta, sobre todo, si el ciudadano al que dice proteger ha elegido ser protegido por él, ni si tiene mecanismos reales para controlar su actuación o exigirle rendición de cuentas.

La pregunta que el sistema se niega a formular es la única que importa: ¿quién controla a los controladores? No como retórica, sino como problema institucional concreto. Si la respuesta es «la IFCN», entonces hay que preguntar quién financia a la IFCN y qué intereses representa. Si la respuesta es «el mercado», entonces hay que preguntarse qué pasa cuando el mercado más relevante —el de Facebook— es también el principal cliente de los verificadores. Y si la respuesta es «la sociedad civil», entonces hay que preguntarse cómo ejerce esa sociedad civil su control sobre organismos que en ningún caso han sido elegidos por nadie.

No hay respuestas cómodas a estas preguntas. Pero su sola formulación debería ser suficiente para disolver la aureola de virtuosa inevitabilidad con que el ecosistema verificador se presenta a sí mismo. La lucha contra los bulos es legítima. Lo que no es legítimo es presentar un sistema con conflictos de interés estructurales, financiado en parte con dinero público, dotado de poder real sobre la circulación de información, y sin mecanismos robustos de rendición de cuentas, como si fuera la única alternativa disponible frente al caos informativo.

La noble mentira de Platón al menos exigía nobleza.

Sobre financiación: Cuentas de Maldita.es ("Malditas Cuentas"), disponibles en maldita.es. Subvención del Ministerio de la Presidencia a Maldita.es (junio 2019). Financiación de Newtral a través del programa Horizon de la UE. Red EDMO (European Digital Media Observatory), financiada por la Comisión Europea. Consorcio Iberifier, con participación de verificadores españoles y financiación europea.

Sobre sesgos: García Martín, D. y Rubio Jordán, A. (2023). «Chequeando al fact-checker. Prácticas de verificación política y sesgos partidistas en Newtral (España)». Revista de Comunicación, Universidad de Piura / Universidad Rey Juan Carlos / Universidad Complutense de Madrid. Mazaira-Castro, A., Rúas-Araújo, J. y Puentes-Rivera, I. (2019). «Fact-Checking en los debates electorales televisados de las elecciones generales de 2015 y 2016». Revista Latina de Comunicación Social, 74(6), 748-766.

Sobre el caso Vozpópuli: «Historia de una mentira: toda la verdad sobre la censura a Vozpópuli en Facebook». Vozpópuli, 14 de abril de 2020.

Sobre la demanda de Liberum: «Demandan a las verificadoras Newtral y Maldita por vulnerar el derecho a la información». The Objective, 29 de noviembre de 2023.

Sobre regulación europea: Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior (Ley Europea de Libertad de Medios, EMFA).